Hoy se ha presentado en público la Guía de Implantación del Esquema Nacional de Seguridad, editada por Ametic en colaboración con el Centro Criptográfico Nacional y el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
El acto presentado por Martín Pérez, Vicepresidente de Ametic, fue inaugurado por Fernando de Pablo, Director General para el Impulso de la Administración Electrónica del MPT, y en el han participado representantes tanto del MPT y CCN como del sector privado.
De hecho ha supuesto el arranque de una campaña de difusión para la implantación del ENS, apoyada por esta organización empresarial.
El decreto en el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), fue publicado en el BOE del 29 de enero de 2010; éste desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que ha supuesto un verdadero impulso en la prestación de los servicios de Administración Electrónica ofertados por las diferentes Administraciones Públicas.
Hay datos optimistas a este respecto, ya que de 1 persona de cada 10, se ha pasado a 1 de cada 3 que utilizan de alguna forma (información, tramitación, etc..) servicios electrónicos de las AAPP y que más del 50% del total de la tramitación que hacen los ciudadanos se hace en la actualidad usando estos servicios electrónicos. Esta cifra sube al 80% para el volumen de tramitaciones realizadas por las empresas.
La idea subyacente es aumentar estas cifras, ya que el uso masivo de estos servicios es una fuente de productividad y por tanto de eficiencia económica.
No obstante, la seguridad en el acceso y adecuada custodia de la información manejada, es considerada por ciudadanos y empresas como la barrera principal a la hora de utilizar estos servicios electrónicos.
El objetivo principal del ENS es que los servicios prestados electrónicamente ofrezcan tanta confianza y seguridad como sus equivalentes presenciales.
El desarrollo del ENS va a suponer un esfuerzo colectivo importante de todas las AAPP, para conseguir unos objetivos mínimos que éstas deben cumplir para garantizar la protección de la información gestionada.
Es fundamental que el ciudadano se sienta seguro.
El acto presentado por Martín Pérez, Vicepresidente de Ametic, fue inaugurado por Fernando de Pablo, Director General para el Impulso de la Administración Electrónica del MPT, y en el han participado representantes tanto del MPT y CCN como del sector privado.
De hecho ha supuesto el arranque de una campaña de difusión para la implantación del ENS, apoyada por esta organización empresarial.
El decreto en el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), fue publicado en el BOE del 29 de enero de 2010; éste desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que ha supuesto un verdadero impulso en la prestación de los servicios de Administración Electrónica ofertados por las diferentes Administraciones Públicas.
Hay datos optimistas a este respecto, ya que de 1 persona de cada 10, se ha pasado a 1 de cada 3 que utilizan de alguna forma (información, tramitación, etc..) servicios electrónicos de las AAPP y que más del 50% del total de la tramitación que hacen los ciudadanos se hace en la actualidad usando estos servicios electrónicos. Esta cifra sube al 80% para el volumen de tramitaciones realizadas por las empresas.
La idea subyacente es aumentar estas cifras, ya que el uso masivo de estos servicios es una fuente de productividad y por tanto de eficiencia económica.
No obstante, la seguridad en el acceso y adecuada custodia de la información manejada, es considerada por ciudadanos y empresas como la barrera principal a la hora de utilizar estos servicios electrónicos.
El objetivo principal del ENS es que los servicios prestados electrónicamente ofrezcan tanta confianza y seguridad como sus equivalentes presenciales.
El desarrollo del ENS va a suponer un esfuerzo colectivo importante de todas las AAPP, para conseguir unos objetivos mínimos que éstas deben cumplir para garantizar la protección de la información gestionada.
Es fundamental que el ciudadano se sienta seguro.
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